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Una denuncia presentada ante el juez federal Sebastián Ramos afirma que detrás de la pérdida de aproximadamente 30.000 hectáreas en Santa Cruz existió una sucesión de negocios ilícitos, créditos sobredimensionados, polémicas decisiones judiciales y presiones políticas. La acusación involucra a Lázaro Báez, Víctor Manzanares, funcionarios y abogados vinculados al kirchnerismo, y solicita además investigar el presunto rol que habría tenido Néstor Kirchner en la maniobra. Cabe señalar que la superficie total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 20.000 hectáreas.
El conflicto se originó en una antigua disputa familiar por una herencia, un crédito bancario de apenas 90.000 pesos, dos estancias – Río Bote y La Entrerriana – que suman cerca de 30.000 hectáreas, una subasta judicial y la aparición, años después, de Lázaro Báez como comprador. Esta secuencia es el eje de la nueva denuncia penal presentada ante la Justicia Federal, que podría desencadenar una investigación sobre una de las operaciones inmobiliarias más significativas de la Patagonia. Báez llegó a poseer hasta 35 estancias, con una superficie mayor a la de los territorios controlados por los italianos Benetton.
La presentación fue realizada por Ana Edith Bórquez de Fadul, quien sostiene haber sido despojada de parte del patrimonio familiar en una maniobra que combinó decisiones empresariales, bancarias, judiciales y políticas coordinadas. Bórquez de Fadul actúa con el asesoramiento legal de la exdiputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y del abogado Federico Bazzan.
El centro del reclamo son las estancias Río Bote y La Entrerriana, que conformaban una unidad productiva de aproximadamente 30.000 hectáreas perteneciente a la familia Fadul. Por otra parte, Río Bote fue incluida por el fiscal Diego Luciani entre las estancias cuyo decomiso solicitó dentro del juicio conocido como Vialidad, donde la Fiscalía pidió el decomiso de un conjunto de propiedades de Báez y sus empresas. Sin embargo, Río Bote no fue rematada por orden del Tribunal Oral Federal 2 en dicho juicio. En 2022, la estancia fue subastada en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, tramitada ante el Juzgado Comercial N° 28, y vendida por aproximadamente 39 millones de pesos. En cuanto a La Entrerriana, también figura dentro de las estancias adquiridas por Báez a través de Austral Agro, analizadas en el juicio Vialidad, pero no aparece entre las 12 estancias cuyo decomiso solicitó expresamente el fiscal Luciani.
La denuncia no solo apunta contra Báez, sino que también pide investigar al excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, al abogado Domingo Ortiz de Zárate, a los exjueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau, al ex traficante de armas Diego Palleros —padre e hijo— y a otros involucrados en esta trama. Además, se menciona a Néstor Kirchner y a Carlos Felipe Fadul, ambos fallecidos, como parte del contexto necesario para reconstruir los hechos. La eventual responsabilidad penal de estas personas deberá determinarla la investigación judicial correspondiente.
El conflicto familiar comenzó en 1987, tras la muerte de José Héctor Fadul, cuando sus hijos Héctor José y Carlos Felipe acordaron mediante un laudo arbitral la distribución de la herencia. Carlos Felipe debía recibir una compensación equivalente a 100.000 kilos de lana, a pagarse en diez cosechas. Sin embargo, una serie de adversidades climáticas y productivas impidieron cumplir con esa obligación. La deuda se incrementó con penalidades hasta alcanzar, según la liquidación incorporada a la denuncia, unos 427.320 kilos de lana en marzo de 1998, equivalentes a unos 726.000 dólares de esa época.
El conflicto superó el ámbito familiar, ya que Héctor Fadul conservaba su participación en GUERNICA S.A.A.G.I. y C., la sociedad que explotaba Río Bote y La Entrerriana. Cuando Héctor fue designado juez de la Cámara Criminal de Santa Cruz, su esposa Ana Edith Bórquez asumió la administración de la empresa y adquirió el 25% de las acciones. Fue en ese contexto cuando apareció Lázaro Báez.
Según Bórquez, las operaciones financieras de GUERNICA se realizaban a través del Banco de la Provincia de Santa Cruz, donde Báez estaba a cargo del área relacionada con créditos agropecuarios hasta 2003, año en que dejó el banco para convertirse en empresario constructor. En 1993, Bórquez viajó a Buenos Aires en busca de financiamiento para diversificar las actividades de la empresa y allí conoció a Diego Emilio Palleros, quien le sugirió solicitar un crédito entre 5 y 6 millones de dólares, a pesar de que la necesidad financiera real era considerablemente menor. La condición para acceder al crédito, indica la denuncia, era contar con el aval del Gobierno de Santa Cruz, entonces bajo la gobernación de Néstor Kirchner.
Bórquez sostiene que Palleros le entregó la tarjeta de su hijo, Diego Palleros, residente en Río Gallegos. Quince días después, Báez consultó en el Banco de Santa Cruz si la empresa aceptaría los proyectos propuestos por Palleros; la respuesta fue negativa. A partir de ese momento, según la denunciante, el banco comenzó a modificar su trato hacia la empresa familiar, con creciente exigencia de saldos, requerimientos documentales
