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El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) decidió desdoblar el juicio oral que hasta este jueves se iba a realizar de manera unificada por los casos de lavado de dinero vinculados a las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, en los que están imputados Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. Aunque estos expedientes habían sido unificados hace ocho años, los jueces resolvieron que, para agilizar el proceso, cada causa tendrá su propio juicio. El debate por las presuntas maniobras ilícitas relacionadas con la inmobiliaria Los Sauces comenzará el 23 de octubre, mientras que el juicio por las supuestas operaciones de blanqueo vinculadas a la actividad hotelera de Hotesur se iniciará en marzo del próximo año.
Ante esta decisión, el fiscal general Diego Velasco reiterará su postura de que se debe realizar un único juicio “como se planteó desde el primer día”, dado que considera que la división de las causas podría “debilitar la prueba”.
El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, estableció el calendario procesal que traerá a Máximo Kirchner, por primera vez como acusado, al banquillo el 23 de octubre a las 10 de la mañana. Él deberá responder por asociación ilícita en calidad de organizador y por maniobras de lavado de activos. Para Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, será el tercer juicio oral en materia de corrupción en los que figura como imputada.
Cuando en 2018 el juez federal Julián Ercolini elevó ambos expedientes a juicio oral, dispuso la unificación al considerar que existía similitud en las maniobras, se compartían imputados y que esto respaldaba un criterio de economía procesal. Realizar un solo juicio permitía reforzar la prueba y demostrar que, aunque las maniobras involucraban diferentes rubros, eran similares y ejecutadas por casi las mismas personas. Además, se estableció que ambos casos tenían como objetivo común darle apariencia legal a fondos de origen ilícito que luego se incorporarían al patrimonio de los Kirchner.
No obstante, esta semana el TOF 5 entendió que no corresponde acumular las causas si dicha acumulación puede generar demoras en alguna de ellas. En este sentido, consideraron que la conexidad es una herramienta organizativa que no debe entorpecer la celeridad del proceso. Por ello, resolvieron separar los casos en dos juicios independientes, argumentando que los requerimientos de elevación a juicio denotan que las causas tienen objetos procesales distintos, aunque compartan un marco histórico común, algunos imputados y puntos de contacto en la prueba.
El fiscal Diego Velasco se opone a esta decisión. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, desde un inicio la fiscalía bregó por un único juicio y mantendrá ese planteo. “Es el mismo hecho, no puede escindirse. Mismo hecho, mismo tiempo, mismos imputados, misma organización, que no actúan organizadamente para uno y desorganizadamente para otro. Es la misma organización desarrollada en el mismo tiempo, incluso con las mismas cuentas a donde se deriva todo”, explicó una fuente judicial en respaldo de la posición de Velasco.
Desde el Ministerio Público Fiscal se señaló que, al separar Hotesur de Los Sauces, se debilita la prueba porque no se podrán utilizar las evidencias de un expediente en el otro, a pesar de las conexiones directas entre ambos. Incluso, en Comodoro Py algunos consideran que dividir los expedientes en dos juicios orales es una forma de “debilitar la prueba, el caso y desarmar la investigación”.
Además, la fiscalía destacó que el lavado de activos se configura como un delito en el que las operaciones deben evaluarse en conjunto: cada alquiler no es un hecho aislado, sino parte de una maniobra integral de blanqueo. “Lo que se determine en Hotesur o en Los Sauces será cosa juzgada indistintamente, por lo que es imposible realizar dos juicios separados; se terminaría prejuzgando o repitiendo lo mismo”, añadió otra fuente judicial con conocimiento de ambos casos.
En consecuencia, la fiscalía insistirá para que el debate sea único y público. El fiscal Velasco ya había solicitado un único juicio bajo el argumento de que se trata de un solo hecho, postura sostenida desde que la Corte Suprema, en noviembre de 2024, ordenó la realización del proceso oral. Desde entonces, la fiscalía ha pedido en forma sistemática que se fije una fecha para el inicio del juicio con el objetivo de definir la responsabilidad en un único hecho de lavado de activos que involucra a todas las personas imputadas y que habría ocurrido entre 2003 y 2015.
Respecto a las causas, la acusación señala que Los Sauces S.A., constituida el 7 de noviembre de 2006 y dedicada supuestamente a la inmobiliaria y hotelería, fue utilizada para canalizar fondos provenientes de los grupos Báez e Indalo. Entre 2009 y 2016, esta empresa habría facturado cerca de 26 millones de pesos por alquileres a esas compañías, representando aproximadamente el 88% de sus ingresos. Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, algunos inmuebles alquilados no eran necesarios para la actividad de los locatarios o se firmaron contratos por montos superiores a los valores de mercado.
En Los Sauces, se acusa a los imputados de haber empleado la sociedad, sus bienes inmobiliarios y hoteleros para recibir fondos mediante contratos de locación y otras operaciones con empresas de los grupos Báez e Indalo, otorgándoles
